Nosotros, los periodistas de Río de Janeiro, expresamos nuestra preocupación e indignación con la escalada de la violencia contra trabajadores de los medios en la ciudad, y instamos a las autoridades estatales y federales y la sociedad civil organizada para colaborar con nosotros en un esfuerzo para establecer respuestas y acciones claras para poner fin a ese problema que amenaza la categoría de los periodistas y la democracia brasileña.
La violencia contra periodistas no es un fenómeno nuevo y no se limita a las fronteras de nuestro país. En una década, 619 periodistas fueron asesinados en todo el mundo, según el Comité de Protección de Periodistas. El Brasil está entre los diez países más mortales para el trabajo de un periodista, con 16 muertes desde 2004 hasta 2014. En Rio de Janeiro, la muerte de Santiago Ilídio Andrade, cameraman alcanzado por un cohete lanzado por manifestantes cuando trabajaba en una protesta en la estación de tren de Central do Brasil, en febrero de este año, sigue a otras pérdidas duras y emblemáticas, como el asesinato del periodista Tim Lopes en 2002 y la muerte del cameraman Gelson Domingues, en 2011.
En Río de Janeiro, sin embargo, la situación ha empeorado. Además del riesgo de muerte, los periodistas se han enfrentado a palizas rutinarias, amenazas y el acoso por sólo llevar a cabo su trabajo. Informe elaborado por el Sindicato de Periodistas Profesionales de Río registró 110 casos de violencia contra periodistas profesionales, autónomos, bloggers y ciudadanos comprometidos en la búsqueda y difusión de información desde mayo de 2013. De estos casos, 68% fueron cometidos por la policía, el 29% por los manifestantes y el 3% — de los casos — por otros agentes.
Los ataques contra los periodistas son absolutamente inaceptables, independiente de quién viene y de la supuesta razón. Es un intento de obstruir el labor de la prensa profesional, fundamental para la defensa de la democracia y los derechos humanos. Luchar contra estos ataques es una tarea urgente.
Dado que el número de casos empezó a aumentar, los sindicatos, federaciones y asociaciones de periodistas piden respuestas efectivas por parte del gobierno, las empresas de medios de comunicación y movimientos sociales para poner fin a la violencia. En Río de Janeiro, la violencia contra los periodistas fue objeto de una audiencia pública en el Ayuntamiento, en noviembre 2013. Celebrado después de una solicitud del sindicato, el evento contó con representantes de la policía civil y militar y de las organizaciones de derechos humanos. El asunto también fue llevado a la corte más alta en los debates sobre los derechos humanos en el continente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (Organización de Estados Americanos), que cuestionó en una audiencia temática la violencia en las protestas brasileñas. A nivel federal, se estudia la organización de un observatorio de la violencia contra los periodistas, con el apoyo de la oficina local de las Naciones Unidas, más allá de la federalización de los delitos cometidos contra estos profesionales. En Río, las empresas fueron notificadas por el Ministerio Público del Trabajo para cumplir con 16 medidas básicas para prevenir o reducir el daño causado por la violencia en las calles. Estas recomendaciones, como resultado de la terminación de la unión que generó una investigación para determinar las circunstancias de la muerte de Santiago, no se cumplen por las empresas en su totalidad.
A pesar de estas y otras iniciativas, no se ha detenido la violencia contra los periodistas, tanto por los activistas cuanto por las fuerzas de seguridad del Estado. Esto significa que es necesario ampliar el alcance de las acciones, lo que sólo puede ser hecho con la plena participación de la propia categoría de profesionales.
Entendemos que además de las denuncias dirigidas a las autoridades, que exigen una conducta policial razonable con las libertades y el derecho a la integridad física y a la vida garantizado por la Constitución, debemos dejar claro a las fuerzas sociales que actúan en las calles y en el debate público nuestro repudio a cualquier tipo de acto de agresión física, contra el acoso virtual, la intención de intimidar a los periodistas y para obstaculizar su trabajo.
Algunas iniciativas están todavía en construcción. Este es el caso de la Comisión de Seguridad, lo que contribuirá para la unión en el diseño de estrategias y acciones para la protección de los profesionales de los medios. Entre las iniciativas que ya se contemplan, una es la consecución de una nueva audiencia pública sobre la violencia contra los periodistas.
Con el esfuerzo colectivo, esperamos ser capaces de poner fin a la violencia contra los periodistas no sólo en Río de Janeiro, pero en todo Brasil. Creemos que juntos somos más fuertes para luchar por una sociedad en la que no sólo los periodistas puedan trabajar en paz pero que también se reconozca la importancia de la profesión para la expansión y consolidación de la democracia.
Río de Janeiro, septiembre 2014